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El fiscal dice que el Supremo se excedió al interpretar el alcance del indulto a Liaño

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha expresado su criterio favorable a la aplicación íntegra y «en sus estrictos términos» del indulto concedido al ex juez Javier Gómez de Liaño, abogando así por su reincorporación a la carrera judicial. En un informe de tono áspero, la Fiscalía dedica reproches a la Sala de lo Penal por «excederse manifiestamente de su función ejecutora» arrogándose una «correctora» y «entrando en colisión» con el Gobierno.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, ha utilizado un tono áspero para contestar al requerimiento que la pasada semana le hizo la Sala sentenciadora de Gómez de Liaño. La Fiscalía debía pronunciarse sobre la pertinencia o no del recurso de súplica que presentó el ex magistrado contra la decisión del Tribunal que le condenó de no aplicar en su totalidad el indulto gubernamental, impidiendo así su retorno a la carrera judicial. En su informe, Luzón respalda el recurso de Liaño y solicita al Tribunal que dicte otra resolución «acordando la aplicación íntegra, en sus estrictos términos» del decreto de indulto.

Luzón se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional para negar que los indultos «sean fiscalizables sustancialmente por parte de los órganos judiciales». Según el fiscal, «si el Tribunal sentenciador rebasa aquellas facultades que tiene reconocidas (...), en este caso revisando facultades no fiscalizables del Gobierno, nos encontramos en presencia de una falta de jurisdicción que hace incurrir a la resolución judicial en causa de nulidad».

«Hemos de negar —añade— la facultad que se ha arrogado el Tribunal de modificar el decreto de concesión \, limitando sus efectos». «No se trata —afirma— de que el Tribunal sentenciador renuncie a su derecho-deber (...), sino de que respete el derecho, reconocido a Su Majestad el Rey con el refrendo del presidente del Gobierno, de ejercer el derecho de gracia, determinando el alcance y contenido del indulto».

«INTERPRETACIÓN DEPURADORA»

Luzón hace hincapié en que «cualquier restricción con base en dudosas interpretaciones “contra reo” supone conocer negativamente de un asunto competencia del Consejo de Ministros» y tilda de «al menos dudosa» la interpretación que hace la Sala sobre el alcance del indulto dado que seis magistrados de la Sala Segunda respaldaron un voto particular discrepante con el parecer mayoritario.

La Fiscalía sostiene que la Sala «no está habilitada para hacer una interpretación depuradora» en la aplicación del indulto: «Puede dejarse de aplicar \, pero no darle un alcance que contraríe abierta y deliberadamente su contenido. Esto es función de una jurisidcción correctora, pero no de una meramente ejecutora, que es la que corresponde al Tribunal sentenciador». El Ministerio Público censura a la Sala que se «exceda manifiestamente de la función ejecutora» para «llevar a cabo una aplicación correctora, entrando en colisión con una facultad del Gobierno».

Luzón, que comparte la tesis expuesta por el magistrado Luis Román Puerta en su voto particular discrepante, critica que la Sala excluyera en su resolución, «sin saber por qué puesto que no era tema planteado», la posibilidad de un conflicto de jurisdicción. El fiscal tilda este apartado del fallo de «inusitado» y dice no recordar «ningún precedente tan peculiar».

Criterio contrario es el expuesto por el principal acusador de Liaño, Jesús Polanco. Sus abogados, Horacio Oliva y Antonio González Cuéllar, se oponen al recurso de súplica del ex juez aduciendo, entre otros extremos, que fue presentado fuera de plazo y que, en cualquier caso, «es evidente que ha perdido su pretérita condición de magistrado».

ESPERA EN EL CGPJ

Los informes de la Fiscalía y Polanco se conocieron ayer, día en que varios vocales del CGPJ designados a propuesta del PSOE se reunieron para acordar la proposición, en los próximos días, de un Pleno para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional al estimar que el Ejecutivo ha invadido competencias del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Aunque tal propuesta aún no es oficial, el vocal elegido a propuesta del PNV, Emilio Olabarría, indicó ayer en Bilbao a Ep que respaldará este conflicto frente al Ejecutivo.

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