Los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se han reunido este miércoles en Sevilla y han reactivado la alianza entre las dos comunidades peor financiadas que fue impulsada durante la anterior legislatura cuando al frente del ejecutivo valenciano se encontraba Ximo Puig.
En una entrevista que ha durado casi dos horas y que no estaba previamente anunciada, ambos presidentes han abordado diferentes temas, "especialmente sobre la defensa de la igualdad entre españoles y la urgencia en solucionar los problemas de financiación de las comunidades autónomas", según han subrayado fuentes del Gobierno andaluz, que recuerdan que Andalucía y la Comunidad Valenciana son las dos autonomías peor financiadas de España.
El encuentro tiene vocación de servir para reforzar una estrategia conjunta en la defensa de un nuevo modelo de reparto que lime las desigualdades que ha generado el sistema actualmente vigente, diseñado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante la anterior legislatura, Moreno convocó a los presidentes de las comunidades que salen peor paradas en la distribución de los fondos del Estado y por su despacho de San Telmo pasó, además de Ximo Puig, el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha son las cuatro comunidades autónomas que reciben menos de la media del conjunto de las autonomías. De esos encuentros salió la reclamación de un fondo de compensación para paliar el déficit de estas cuatro comunidades en tanto se negocia un nuevo modelo de reparto.
En paralelo, se creó un grupo de trabajo liderado por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, formado por otras siete comunidades que compartían similares condiciones de población y riqueza, y que fraguó en el denominado Acuerdo de Santiago de Compostela. De alguna manera, ambos frentes sirvieron para dejar constancia de cómo los intereses en la negociación no se alinean necesariamente en función del color político del gobierno autonómico, sino que tiene que ver con el coste real de los servicios en cada comunidad, en función de la mayor o menor población, el envejecimiento de ésta o la dispersión en el territorio, parámetros que tendrán que ponderarse de alguna u otra forma en una nueva fórmula de reparto.
El acuerdo entre el PSC y ERC que concede a Cataluña un trato diferencial como el que ya tienen el País Vasco o Navarra ha servido para unir al resto de comunidades en contra de los nuevos privilegios. Las comunidades gobernadas por el PP se han comprometido a defender de forma conjunta ante el Gobierno un sistema de negociación multilateral y han rechazado tajantemente el "concierto" para Cataluña y la salida de esta comunidad del régimen común. Además, el PP ha asumido como propia la reivindicación del fondo de compensación transitorio reclamado por Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha que, según su reivindicación, debería estar dotado con 3.800 millones de euros.
Pero las diferencias sobre la fórmula de reparto que debe inspirar el nuevo modelo de financiación siguen siendo sustanciales en función de las características económicas y demográficas de cada comunidad. De ahí que la reactivación de la alianza entre Andalucía y la Comunidad Valenciana puede interpretarse como una nueva toma de posiciones de cara a la negociación que tendrá que abrirse tarde o temprano con el Gobierno de Pedro Sánchez.